Demostración de la libertad en que deja la Masonería a sus miembros, y la independencia absoluta de que disfrutamos los masones a la hora de tomar partido por las diferentes opciones políticas, es el hecho de que en el bando contrario a José I, militaban activamente los también francmasones don Sebastián Piñuelas y don Gaspar Melchor de Jovellanos y este ultimo, con los miembros de la Masonería, don Martín de Garay, Calvo de Rozas y el ilustre poeta don Manuel José Quintana formaron parte de la Junta Central Gubernativa del Reino, constituida en octubre de 1808.
En 1811 el conde de Grasse-Tilly instituyó un segundo Supremo Consejo del Grado 33 y Último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, el cual perdura aun en nuestros días en fraternales relaciones con la actual Gran Logia de España. Con él se trató de librar a la Masonería española de la influencia anglosajona, ya que fueron miembros de la Gran Logia de Inglaterra los que fundaron las primeras logias en el siglo XVII.
La primera logia, creada en 1811 bajo los auspicios de este Supremo Consejo, fue la Respetable Logia de la Estrella. Fue fundada por hermanos españoles y franceses y se reunía en los locales de la Inquisición madrileña, recientemente desalojados. También son de aquella época las Logias Beneficencia y Santa Julia, las cuales formaron con la de la Estrella el núcleo del Gran Oriente Español fundado por Grasse-Tilly.
Fueron diputados en las Cortes de Cádiz e inspiradores de la Constitución de 1812, la primera democrática, los miembros de la Orden don Diego Muñoz Torrero, el conde de Toreno, don Agustín Argüelles, don José María Calatrava, ministro de Gracia y Justicia; don Isidoro Antillón, don Antonio Porcela, don José Mejía y don Agustín García Herreros (del que desciende el autor de este libro).
Pero, mientras en la España gobernada por José I la Masonería trabajaba con normalidad, no pasó lo mismo en la dependiente de las Cortes de Cádiz. Así, las propias Cortes, contagiadas del espíritu obscurantista de clérigos e inquisidores, y so pretexto de que muchas logias apoyaban al Rey José, confirmaron el 19 de enero de 1812 el viejo decreto de Fernando VI de 1751 por el que quedaba proscrita la Masonería en España.
A pesar de la prohibición, terminada la guerra, durante el período constitucionalista siguió creciendo la Orden, de la que fue Gran Maestro del Grande Oriente que fundara años antes el conde de Aranda, el conde de Montijo, tío de la que después sería emperatriz de los franceses y organizador del llamado motín de Aranjuez, causa determinante de la abdicación de Carlos IV. Posteriormente desempeñó la Gran Maestría el infante don Francisco de Paula, hermano de Fernando VII y muy diferente a éste.
Otros componentes de la familia real durante el reinado de Fernando VII, miembros de la Masonería, fueron el duque de Sevilla y los yernos del infante: el conde de Gorowski y don José Güell y Rente.
Pero abolida la Constitución en 1814 por aquel rey nefasto (con mucho el peor de la historia de España), instalado de nuevo el absolutismo, la Inquisición se hizo dueña otra vez de la situación .Recuperó durante este reinado el poder que había perdido durante la etapa bonapartista y, la Masonería volvió a ser perseguida por lo que hubo de tornar a la clandestinidad.
En enero de 1815, con el primero de una serie de decretos de la Inquisición en el que se prohibía y condenaba a la Masonería, empezó un período que para muchos masones significó, cuando no la muerte, si la prisión o el exilio.
En 1820, gracias al pronunciamiento del masón don Rafael de Riego, se vuelve al régimen constitucional y, con la libertad, la Masonería vuelve a trabajar libremente durante todo el trienio para volver a las catacumbas, obligada por la más encarnizada, si cabe, persecución contra masones y liberales, que desata Fernando VII desde 1824 hasta el final de su, para España, triste reinado.
Con la muerte del rey, durante las regencias de María Cristina (de 1833 a 1840) y de Espartero (1840 a 1842), así como durante el reinado de Isabel II (de 1843 a 1868), la Masonería sigue prohibida. No obstante, la menor presión policial y la paulatina pérdida de poder de la Inquisición permite que muchos hermanos regresen del exilio, propiciado el retorno por el estallido de la primera guerra carlista y la necesidad de la regente de aunar todos los apoyos posibles para su causa. No obstante, la persecución no cesa, pues el Real decreto de abril de 1834 se limita a amnistiar las actuaciones pasadas, pero sigue manteniendo prohibida la pertenencia a la Masonería, bajo penas de prisión, destierro e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
A pesar de ello durante la regencia de la “reina gobernadora” formó Gobierno, como presidente, el masón Martínez de la Rosa, figurando al frente de respectivas carteras ministeriales los también masones Garelly, Burgos, Zarco del Valle y Vázquez Figueroa, lo que facilitó la disminución de la presión policial.
De entre los miembros de la Francmasonería española en aquellos años, destacan por su constante labor en favor de la libertad los generales: Espoz y Mina, Porlier, Lacy, Milans, Alava, Van Halem, O’Donojú, Torrijos, O’Donell, Santander, Zayas, Morillo, Moreda, Valdes y Martínez de San Martín. Los jefes y oficiales: don Ramón Latas, don Joaquín Vidal, don Ignacio López Pintos, don Eusebio Polo, Núñez de Arenas, don Patricio Domínguez, don Facundo Infante, don Antonio Quiroga, don Felipe Azo, don Juan Sánchez, don Ramón Alvarez, don Francisco Merlo, don Cipriano Lafuente, don Tomás Murciano, don Laureano Félix, don José Ortega, don Joaquín Jacques, don Juan Antonio Caballero, don Ramón Maestre, don Francisco Vituri, don Vicente Llorca, don José Ramonet y como ya he dicho antes el célebre don Rafael del Riego, jefe de la revolución de 1820 y Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del 33 y último Grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.
Y, de entre los civiles, además de los indicados anteriormente destacaron don Vicente Cano Manuel, presidente de las Cortes y su hermano don Antonio Cano Manuel, ministro de Gracia y Justicia; don Juan Álvarez Guerra, varias veces diputado y senador y Ministro del Interior en 1835; don Alvaro Flórez Estrada, diputado que tomó parte activa en la revolución de 1820; el Marqués de Tolosa, activo fundador de Logias; don Antonio Romero Alpuente que llegaría a ser diputado en 1880; don Martín Batuecas activo luchador por las ideas republicanas; don Alfonso María de Barrantes, idealista e incansable luchador por la libertad, muerto en las barricadas de París en 1848; don Antonio Pérez de Tudela, que fuera Gran Comendador de la Orden; don Mateo Seoane, diputado en 1823 que votó a favor de la destitución de Fernando VII; don Juan Manuel Vadillo, varias veces diputado y senador; el célebre poeta don José de Espronceda, incansable activista a favor de la Masonería; don Bartolomé José Gallardo, que fuera bibliotecario de las Cortes de Cádiz; don Francisco Martínez de la Rosa, don Antonio Alcalá Galiano, don Tomás Istúriz y don Juan Alvarez de Mendizabal, que en el futuro llegarían a ministros, y un larguísimo etcétera del que se podría entresacar a: don Juan Hurtado, don José Alonso Partes, don Manuel Figueroa, don Pascual Navarro, don Antonio Oliveros, don Antonio Zarrazábal, don José Zorraquin, don Francisco Fernández Golfin, don Ramón Félix, don Juan Antonio Yandiola, don Sebastián Fernández Valera, don José María Montero, don Mamerto Landáburu, don Francisco Alvarez, don Francisco Lonjedo, don Gregorio Iglesias, don Domingo Badia (Alí Bey), don Claudio Francisco Grande, don Nicolás Paredes, don Tomás Francos, don Domingo Ortega, don Francisco Meseguer y don Francisco Fidalgo. Muchos de ellos fueron diputados o senadores, pero todos ellos se destacaron como liberales y constitucionalistas.
Los gobiernos del reinado de Isabel II, cuyos preceptores Quintana y Ventura de la Vega eran masones, como lo fue su tutor Argüelles y el intendente de su casa don Martín de los Heros, intensifican de nuevo la persecución, con lo que la Orden, a pesar de contar con muchos miembros en destacados puestos de la política y la milicia, debe de permanecer en la clandestinidad durante esos años, pasando a depender muchas Logias de Grandes Orientes extranjeros, la mayor parte de ellas del Grande Oriente Lusitano; otras del Grande Oriente de Francia, o del de Italia y algunas de la Gran Logia de Inglaterra.
No obstante, la vuelta al régimen constitucional facilitó en alguna forma la formación de nuevas Logias, a las que pertenecieron masones como don Joaquín María López, don Salustiano Olazabal, don Antonio González, el Conde de las Navas, don Fermín Caballero, don Telesforo Trueba, don José Llanos, don José Villanueva, don Cayetano Cardero, don Mariano José de Larra (Fígaro), el duque de Rivas, Ventura de la Vega y los generales don Evaristo San Miguel y López Baños.
Masón era el Conde de Toreno, sucesor del también masón Martínez de la Rosa, el cual nombró ministros de su gobierno a los francmasones Alvarez Guerra y Alvarez Mendizábal. Este, famoso por la desamortización, llegó a presidir a su vez un gobierno en el que figuraron los masones Alava, Martín de los Heros, Gómez Becerra y el conde de Almodovar.
Sucedió Instúriz a Alvarez Mendizabal, el cual encargó Carteras a los masones duque de Rivas, Méndez Vigo y Alcalá Galiano.
Tras el Motín de la Granja formó gobierno el masón don Manuel María de Calatrava, en el que desempeñaron cartera los también masones don Joaquín María López, don José Ramón Rodil, don Andrés García Camba y, de nuevo, don Juan Alvarez Mendizabal.
Las Cortes constituyentes convocadas por este último Gobierno fueron presididas por el masón Gómez Becerra. Y obtuvieron escaño los masones Argüelles, Alonso Cordero, Alvarez Gómez, Acuña, Alcalá Zamora, Ayguals de Izco, Aspiroz, Ballesteros, Beltrán de Lis, de los Cuetos, Cantero, Caballero, Cano Manuel, Espartero, Espoz y Mina, Ferros Montaos, Fernández del Pino, Fernández de los Ríos, Feliú y Miralles, Fernández Baeza, Ferrer, Flores Estrada, González Antonio, Gracia Blanco, Garrido, Martín de los Heros, Huelves, Infante, Llanos, Madoz, Matheu, Millan Alonso, Olózaga, Olleros, Padilla, Roda, Seoane, Salvato, San Miguel, Sancho, Vadillo y Vicens.
Finalmente, con el triunfo de la Revolución de 1868 cesan las persecuciones y la Masonería, legitimizada por el régimen de libertades, puede desarrollarse con normalidad, siendo esta una etapa de crecimiento y asentamiento en la sociedad española.
Preludio del destronamiento de Isabel II fue la sublevación en Cádiz de los generales masones Pierrad, Moriones y Contreras, bajo la dirección de los así mismo masones Malcampo, Sagasta, Dulce, Prim, Ruiz Zorrilla y Méndez Núñez, movimiento en el que colaboró la práctica totalidad de la flota, entre cuya oficialidad había gran numero de masones.
Entre los firmantes del manifiesto de Sevilla figuraban los miembros de la Masonería don Antonio Arístegui, don Federico Rubio, don Francisco Díaz Quintero, don Manuel Carrasco, don Antonio Machado, don Tomás Arderíus, don Manuel Sánchez Silva y el general Peralta.