Durante la dictadura de Primo de Rivera, con la marcha atrás de las libertades, se produce un nuevo resurgir de la Masonería, aumentando el numero de logias hasta las 85 que figuraban en el Anuario Masónico del Grande Oriente Español correspondiente a 1927, y las 105 que se enumeraban en el de 1931. En lo que se refiere a la Gran Logia Española pasó, de 10 en 1922, a 42 en 1927, y a 52 en 1931.
No obstante la prohibición de la Masonería decretada por el directorio militar, no se puede hablar durante estos años de una autentica persecución, lo que aprovecharon muchos descontentos con la situación política para hacerse iniciar masones, sin necesidad de asumir los riesgos que les hubiera supuesto semejante paso en épocas anteriores. Mucho se ha escrito sobre la influencia de la Masonería en el ejército durante la dictadura, sobre todo en Marruecos, lo que sí se sabe con certeza es que muchos militares ingresaron en la Orden en aquellos años. Se sabe también de la confusión sobre la normativa legal y de la ignorancia de que muchas veces hacían gala, de las ordenes de Primo de Rivera. Así, un congreso masónico prohibido por este general en Madrid, fue autorizado y se celebró en Barcelona, por orden del general Barrera.
Entre los masones que componían el Grande Oriente Español en el primer tercio del siglo se encontraban los catedráticos universitarios: don Fernando de los Ríos, don Gabriel Bonilla, don Enrique Martí Jara, don Luis Jiménez Asua, don Demófilo de Buen y don José Giral; los profesores de Institutos, Escuelas Normales y de Comercio: don Antonio Turón de Lara, don Amós Sabrás, don Cesáreo Martínez, don Rodolfo Llopis, don Ramón y don Enrique González Sicilia, don Pedro Armasa Briales, don Ulderico del Olmo, don Francisco Duque y don José Mejias; los periodistas don Juan Saradell, don Antonio de Lezama, don Luis Bello Trompeta, don Augusto Barcia, don Alfonso Hernández Catá, don Antonio Fernández Velasco, don Benito Artigas Arpón, don Augusto Vivero, don Mariano Benlliure y Tuero, don Enrique Paúl Almarza, don Salvador Quemades y don Rafael Salazar Alonso, y los políticos don Daniel Anguiano, don Vicente Marco Miranda, don Eduardo Barriobero, don Alvaro de Albornoz, don Marcelino Domingo, don Eduardo Ortega y Gasset y el general López Ochoa.
Entre el advenimiento de la República, tras las elecciones municipales de abril de 1931 y 1934, la Masonería española tuvo su teórico mejor momento en cuanto al numero y aparente calidad de sus miembros, aunque la realidad es que la Orden admitió en su seno a profanos que en muchas ocasiones carecían de las cualidades morales y espirituales que definen a un masón, sin que eso signifique, en todos los casos, que no estuvieran dotados de otras. El resultado fue que estos nuevos hermanos propiciaron una no deseable politización de las logias, que las apartó del trabajo puramente masónico. La orientación que los recientes miembros de los talleres imprimieron al trabajo masónico fue pagada muy duramente por la Orden en los años sucesivos.
La República fue acogida con alborozo por la Masonería española, «La República es nuestro patrimonio» titulaba el Boletín Oficial del Supremo Consejo del 33 y último Grado para España y sus dependencias. En aquel momento, el total de logias del Grande Oriente Español llegaba a 167, y el numero de miembros apenas era superior a los 5.000, de los que 17 eran ministros, 5 subsecretarios, 15 directores generales, 183 diputados a Cortes (de un total de 470), 5 embajadores, 9 generales de división y 12 generales de brigada. De entre ellos se pueden destacar, hasta el año 1934 a: don Manuel Azaña Díaz, ministro de la Guerra, presidente del Consejo de Ministros y más tarde presidente de la República; don Alejandro Lerroux y Gracia, ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros; don Diego Martínez Barrio, Gran Maestre, ministro de Comunicaciones, Guerra y Gobernación y presidente del Consejo de ministros; don Fernando de los Ríos Urruti, ministro de Justicia, Instrucción Pública y Estado; don Marcelino Domingo San Juan, ministro de Instrucción Pública y Agricultura; don José Giral, ministro de Marina; don Alvaro de Albornoz Liminiana, ministro de Fomento y de Justicia y presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales; don Emilio Palomo, gobernador de Madrid, subsecretario y ministro de Comunicaciones; don Juan Botella Asensi, ministro de Justicia; don Rafael Guerra del Rio, ministro de Obras Publicas; don Juan José Richa García, embajador en Portugal, presidente del Consejo de Estado, ministro de la Guerra y de Marina; don Gerardo Abad Conde, subsecretario de Comunicaciones, presidente del Consejo de Estado, y vocal del Tribunal de Garantías; don Rodolfo Llopis, director general de Primera Enseñanza; don Mateo Hernández Barroso, director general de Telégrafos; don José Salmeron, director general de Obras Públicas y de Montes; don Antonio Pérez Torreblanca, director general de Agricultura; don Ramón Franco Bahamonde, director general de Aeronáutica; don Augusto Barcia, Soberano Gran Comendador, delegado del Gobierno en el Consejo Superior Bancario; don Benito Artigas Arpón, delegado del Gobierno en los Canales del Lozoya y director general de Comercio y Política Arancelaria; don José Domínguez Barbero, ministro del Tribunal de Cuentas; don Salvador Albert Pey, embajador en Bélgica; don Francisco Maciá, presidente de la Generalidad de Cataluña; don Rafael Salazar Alonso, presidente de la Diputación provincial de Madrid y ministro de la Gobernación; don Eduardo Ortega Gasset, gobernador civil de Madrid; don Pedro Rico López, alcalde de Madrid; don Carlos Esplá Rizo, subsecretario de Gobernación; don Eduardo López Ochoa, capitán general de Cataluña, inspector general de la Tercera Inspección de Ejército y vocal representante del ministerio de la Guerra en el tribunal revisor de los fallos por Tribunales de Honor; don Jaime Ayguadé, alcalde de Barcelona; don Casimiro Giralt, consejero de la Generalidad de Cataluña; don Dionisio Correas, consejero de Cultura; don Ramón González Sicilia, director general de Primera Enseñanza y subsecretario de Instrucción Pública; don Demófilo de Buen, consejero de Estado, presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo; don Luis Jiménez Asúa, vicepresidente primero del Consejo Superior de Protección de Menores; don Antonio Jaén, ministro de España en Perú; don Manuel Torres Campaña, subsecretario de Gobernación y de la Presidencia del Consejo; don José Moreno Galvache, subsecretario de Agricultura, de Industria y Comercio y de Instrucción Pública; don Nicolás Sánchez Belastégui, delegado del Gobierno en los servicios hidráulicos del Guadalquivir; don Ramón Carreras Pons, comisario general de Cataluña; don Fernando Valera Aparicio, director general de Agricultura y subsecretario de Justicia; don Pedro Vargas Guerendiain, subsecretario de Comunicaciones; don Sidonio Pintado, consejero de Cultura; don Gabriel González Taltabull, vocal del Tribunal de Garantías; don Ramón Pérez de Ayala, embajador en Inglaterra; don Rafael Blasco García, vocal suplente del Tribunal de Garantías; don Pedro Armasa Briales, subsecretario de Instrucción Pública; don Luis Doporto Marchori, director general del Instituto Geográfico, gobernador civil de Valencia y consejero de Cultura; don Eloy Vaquero Cantillo, director general de Previsión y Acción Social; don Angel Rizo Bayona, delegado del Estado en el Consorcio Nacional Almadrabero; don José Juncal, embajador en Portugal; don Antonio Tuñon de Lara, director general de Beneficencia; don Alvaro Pascual Leone, director General de Administración Local; don Antonio Montaner Castaño, gobernador civil de Sevilla y director general de Ferrocarriles; don Angel Galarza Gago, fiscal de la República, director general de Seguridad y Subsecretario de Comunicaciones.
La práctica totalidad de los arriba nombrados fueron, además de los cargos indicados, diputados de las Cortes de la República, como lo fueron los también masones: don Melquiades Alvarez González, don Eugenio Arauz Pallardo, don Sebastián Banzo Urrea, don Francisco Azirín Izquierdo, don Miguel Bargalló Ardevol, don Eduardo Barriobero Herrán, don Luis Bello Trompeta, don Cayetano Bolívar Escribano, don Miguel de Cámara Cendoya, don Hermenegildo Casas Jiménez, don Adolfo Chacón de la Mata, don Andrés Domingo Martínez, don Eladio Fernández Egochaga, don Joaquín García Hidalgo Villanueva, don Pedro Vicente Gómez Sánchez, don Miguel Granados Ruiz, don Emilio González López, don Julio Just Jimenez, don Eduardo Layret Foa, don Julio María López Orozco, don Vicente Marco Miranda, don Lucio Martínez Gil, don José Martín Gómez, don Mariano Merediz Díaz-Parreño, don Manuel Moreno Mendoza, don Manuel Morón Díaz, don Manuel Muñoz Martínez, don César Oarrichena Jenaro, don Manuel Olmedo Serrano, don Alonso Pérez Díaz, don Joaquín Pérez Madrigal, don Domingo Pérez Trujillo, don Manuel Portela Valladares, don César Puig Martinez, don Romualdo Rodríguez Vera, don Amós Sabras Gurrea, don Juan Antonio Santander Carrasco, don Francisco Saval Moris, don Jaime Simó Bofarrull, don Narciso Vázquez Lemus y don Rodolfo Viñas Arco (2).
Mas no debe pensar el lector que tan masiva presencia de masones en cargos públicos y en las Cortes logró plasmar en la forma de gobernar de los políticos las ideas de tolerancia que propugna la Masonería, pues el único reflejo de estas que quedó fue la moderación de la nueva constitución. Por lo demás, la clase política no solo no atendió a los ideales masónicos sino que casi siempre los desdeñó.
En 1933, del 23 al 27 de junio, siendo Gran Maestro don Diego Martínez Barrio, se celebra en Barcelona una Gran Asamblea Nacional del Grande Oriente Español en la que es aprobada la nueva constitución de la Obediencia, los estatutos y reglamentos generales que la desarrollaron, debiendo ya ser redactados en el exilio mexicano. Ambos cuerpos jurídicos están aun vigentes en la Obediencia, según acuerdo de la Gran Asamblea Nacional de los días 7 y 8 de enero de 1994.
Los acontecimientos empiezan a precipitarse en España a partir de las elecciones de 1934 y el triunfo electoral de las derechas, mal acogido por un país inmaduro democráticamente, en el que los problemas sociales acumulados durante siglos y la pobreza inmemorial en la que estaba sumida la mayor parte del país, no movían a unos a la toma de medidas de justicia social y, a otros, les servia como coartada para determinadas actuaciones políticas o sindicales. Mientras, ni unos ni otros hacían nada realmente útil para resolver el problema. La revolución de Asturias como contestación a la victoria electoral y la brutalidad de la represión, dejaron preparado el camino a la sangrienta guerra incivil que apenas dos años más tarde asolaría el país, sin que los intentos por moderar las posturas realizados por muchos masones militantes en ambos bandos en los que se había dividido el país, pudieran hacer nada para cerrar el abismo que la intolerancia y el fanatismo, de unos y de otros, había abierto y que acabaría engullendo a todos.